Desmaterializar el derecho

Tomo aquí la pluma para dar cuenta de la palabra y de la experiencia de Thierry. El texto nace de nuestro diálogo.

— Isis

Convertir la República en datos tenía una consecuencia que ya no podíamos eludir: cuando el texto jurídico dejaba materialmente el papel para hacerse información consultable, interconectada, dotada de historial y continuamente actualizada, cambiábamos mucho más que su soporte.

Cambiábamos su economía, su forma de acceso y, en cierta medida, la distribución del poder que se había organizado en torno a él.

Ahí empieza de verdad la batalla de la desmaterialización del derecho. Hay que comprender bien la situación de entonces. En Francia había grandes grupos editoriales jurídicos de extraordinaria competencia.

De ningún modo quiero reescribir esta historia caricaturizándolos o presentándolos como incapaces. Tenían autores, juristas, equipos de redacción, reputación, capitales y redes profesionales de peso considerable. Producían obras de calidad y atendían a un mercado perfectamente identificable: abogados, expertos contables, departamentos jurídicos, empresas, profesionales del derecho.

Algunos productos costaban varios miles de euros porque daban acceso a una gran masa documental, actualizada regularmente y trabajada por especialistas. Pondré un ejemplo que viví con los convenios colectivos. Uno de esos grandes grupos ofrecía sus archivadores profesionales para consultar todos los convenios colectivos.

Para un abogado, ese precio podía tener pleno sentido. Un abogado no trabaja exclusivamente para un panadero, un transportista o una empresa metalúrgica. Puede tener centenares de clientes de centenares de sectores diferentes. Necesita, por tanto, documentación de alcance transversal.

El trabajador, en cambio, se encuentra en una situación completamente distinta. No necesita quinientos cincuenta convenios colectivos. Necesita el suyo. Tampoco el empresario que dirige una pyme los necesita todos. Quiere comprender las reglas que se aplican a su actividad. Ese era el desplazamiento que introducíamos.

No tomábamos documentación concebida para profesionales con la idea de revenderla más barata. Construíamos otro uso. Nos remontábamos a las fuentes, trabajábamos los textos, creábamos nuestras propias estructuras arborescentes, nuestras síntesis y nuestros recorridos de consulta. Después hacíamos accesible ese conocimiento a través del Minitel a un público que jamás habría comprado una enciclopedia profesional.

Es aquí donde, a mi juicio, algunas editoriales cometieron un error

estratégico. Podrían habernos mirado y haberse dicho: estos jóvenes acaban de sacar a la luz un nuevo mercado. Tenemos notoriedad, autores, capitales, capacidad jurídica y comercial. Entremos nosotros también en ese mercado. Se lo dije. No tenía nada que objetar a que compitieran con nosotros. Al contrario.

Una competencia de calidad nos habría obligado a progresar aún más deprisa. Pero algunos eligieron otra vía: el litigio. En particular, intentaron calificar nuestro trabajo de infracción de los derechos de autor. La situación me parecía intelectualmente extraordinaria.

Trabajábamos precisamente sobre textos normativos, convenios e información jurídica, parte de ellos públicos o accesibles a través de fuentes sobre cuyo contenido nadie podía reclamar legítimamente un monopolio.

Por supuesto, el trabajo editorial puede estar protegido. Su redacción, su organización original, sus comentarios y su aparato intelectual pueden tener valor propio. Eso nunca lo discutí en absoluto.

Pero hay una diferencia de naturaleza entre proteger el valor que uno aporta y afirmar que quien parte del mismo material normativo para construir una arquitectura distinta necesariamente le ha robado su trabajo. Esa era la frontera que los tribunales tendrían que examinar.

El conflicto fue sumamente violento. Mido mis palabras. Teníamos enfrente

a grupos poderosos, firmemente implantados en el mundo jurídico y

rodeados de juristas experimentados y asesores de primer orden. Esto les confería, naturalmente, un aura. Nosotros llegábamos con nuestras máquinas, nuestros servicios telemáticos, nuestros equipos a menudo jóvenes, nuestra manera de derribar las barreras de acceso y una velocidad que a algunos les parecía casi una insolencia.

Comprendía perfectamente que se nos viera como gente de los márgenes. Pero ocupar los márgenes de una arquitectura antigua no equivale a estar infringiendo la ley. Les repetía siempre el mismo argumento: poner una parte de la información al alcance del gran público no va a destruir su oficio. Va a transformarlo.

El abogado que compra su documentación por varios miles de euros seguirá necesitándola porque atiende decenas de situaciones diferentes y debe conocer la jurisprudencia, interpretar, asesorar, defender y redactar. Pero quizá su cliente, gracias al Minitel, llegue al despacho con un conocimiento elemental de su propia situación. En lugar de decir:

—No entiendo nada, dígame usted qué debo pensar,

podrá decir:

—He consultado mi convenio colectivo. Esto es lo que he entendido. Esta es la disposición que parece afectarme. ¿Puede decirme si interpreto bien el texto y qué debo hacer ahora?

¿Acaba eso con el abogado? Pienso exactamente lo contrario.

Eleva el nivel de la conversación. Incluso puede aumentar el número de personas que consultan a un abogado al descubrir que efectivamente tienen un problema jurídico.

El mal modelo económico consiste en creer que el valor del experto descansa en la ignorancia del cliente. El buen experto sigue siendo indispensable cuando el cliente está mejor informado, porque su valor se desplaza de la posesión de la información a la interpretación, la estrategia, la responsabilidad y la decisión. Siempre he defendido esta concepción.

Democratizar la información no elimina necesariamente a los intermediarios. Los obliga a demostrar qué aportan de verdad. Ya lo había observado en la bolsa de cargas. Lo veía en las ventas judiciales. Volvía a encontrarlo ahora en el derecho. Y más adelante lo encontraría, con mayor violencia aún, en el mercado del arte.

La pregunta no es:

¿Se puede impedir que la tecnología reduzca el coste de acceso a una información?

La pregunta es:

¿Adónde se desplazará el valor cuando sea más fácil acceder a ella?

Para mí la respuesta estaba clara. Debía desplazarse hacia la calidad, la

calificación de la información, la confianza, el asesoramiento y la profundidad histórica. Pero aquellos procesos nos enseñaron algo más. Nos obligaron a pensar nuestro propio oficio en términos jurídicos.

Hasta entonces, una parte importante del derecho de propiedad intelectual se había construido en torno a la obra: el texto, la imagen, la música, la creación original. Nosotros, en cambio, estábamos construyendo objetos nuevos.

Un banco de datos puede contener millones de elementos que, considerados por separado, no necesariamente nos pertenecen. Una resolución pública sigue siendo pública.

Un anuncio legal sigue siendo la expresión de un hecho. El resultado de una subasta es un hecho histórico. Un dato empresarial existe con independencia de quien lo recopile.

Y, sin embargo, transformar esos millones de elementos en una arquitectura consultable podía exigirnos años de trabajo e inversiones considerables. Recopilación. Verificación. Normalización.

Deduplicación. Indexación. Tesauros. Historiales. Actualizaciones. Servidores. Telecomunicaciones. Juristas. Documentalistas. Desarrolladores.

¿Qué protección tiene esa inversión?

Esta iba a ser la pregunta central. Si paso diez años constituyendo un banco de datos y alguien puede extraer su contenido de forma masiva en unos días porque el coste marginal de la copia digital es ínfimo, surge una asimetría nueva.

En el mundo material, copiar una fábrica suele requerir otra fábrica. En el mundo digital, copiar el resultado de diez años de trabajo puede costar infinitamente menos que repetir esos diez años.

Por tanto, el derecho debía aprender a proteger tanto la posible originalidad de la estructura como, en determinadas condiciones, la inversión sustancial realizada para obtener, verificar o presentar el contenido de una base de datos. Precisamente en este contexto surgirá en Europa el derecho sui generis sobre las bases de datos.

Trabajé en estas cuestiones a través del GESTE (Groupement des Éditeurs de Services En Ligne) de la AFTEL y en los debates profesionales en los que participé. Para mí no eran teóricas. Yo llegaba con equipos de personas, máquinas, millones de registros y años de recopilación. Conocía exactamente la diferencia entre el dato en bruto y la infraestructura que permite aprovecharlo.

Eso era lo que defendía. Había que evitar a toda costa privatizar la información pública. Pero quien había invertido cuantiosos recursos en organizarla debía poder defender esa inversión frente a la extracción o reutilización parasitaria a gran escala. La línea es sumamente fina. Un exceso de protección vuelve a crear un monopolio sobre el conocimiento. Una protección insuficiente desalienta a quien acepta financiar su estructuración. Me he pasado la vida luchando en torno a esa paradoja.

Sigue plenamente vigente con la inteligencia artificial. ¿De quién es el

dato? ¿De quién es la estructura? ¿Quién puede extraer el contenido? ¿A partir de qué volumen? ¿Qué significa una reutilización sustancial? ¿Qué diferencia hay entre consultar una información y descargar masivamente una base entera?

Estas preguntas que hoy se presentan como nuevas tienen una historia jurídica mucho más antigua. Ya nos las planteábamos cuando todavía se hablaba de Minitel. La desmaterialización del derecho nos obligaba también a repensar la noción misma de publicación. En papel, publicar significa fabricar un objeto y distribuirlo. Una edición nueva va sustituyendo a la anterior.

En un banco de datos, la publicación puede ser permanente. Se incorpora una modificación. Cambia una versión. El usuario ya no tiene necesariamente delante el objeto material que antes le permitía decir: «Estoy consultando el volumen de 1994».

Por eso hay que reconstruir digitalmente esa profundidad temporal. ¿Qué versión del texto consultó? ¿En qué fecha? ¿Qué texto era aplicable? ¿Qué modificación se introdujo después?

Puede parecer que lo digital suprime la historia porque todo se presenta en un presente perpetuo. Nosotros aprendimos exactamente lo contrario: cuanto más dinámico es el sistema, más conscientemente hay que organizar su memoria.

De lo contrario, actualizar equivale a borrar. Una nueva norma reemplaza a la anterior en la interfaz y, unos meses después, ya nadie sabe qué era aplicable antes. Para un jurista sería catastrófico. El derecho tiene que poder leerse en su tiempo.

Ahí nuestra experiencia con los bancos de datos nos daba una ventaja conceptual.

Ya habíamos comprendido que todo dato debía tener una dimensión temporal. El trabajo temporal nos había enseñado que ciertos datos pierden casi todo valor operativo en pocos días. Las sociedades nos habían enseñado que un nombre antiguo puede dejar de ser el vigente sin volverse históricamente falso. El derecho nos enseñaba ahora que una norma derogada podía resultar indispensable precisamente porque ya no era aplicable hoy, pero sí lo había sido en la fecha de los hechos.

Lo digital permitía, pues, algo extraordinario: construir una memoria jurídica mucho más profunda que la del papel, a condición de no ceder a la ilusión del presente. Y abría la vía a otra transformación: la automatización de algunas operaciones intelectuales.

Quiero ser sumamente preciso en este punto, porque sería fácil reescribir aquella época con el vocabulario actual de la inteligencia artificial. No teníamos los modelos contemporáneos. Pero ya construíamos sistemas de reglas, árboles de decisión y procedimientos con los que guiar al usuario en una materia compleja.

Un texto podía desglosarse. Podían explicitarse sus condiciones. Una pregunta llevaba a otra. Si pertenece a esta categoría, vaya aquí. Si su antigüedad supera tal plazo, examine esta disposición. Si una adenda modificó el régimen después de tal fecha, utilice esta versión.

Es una primera transformación del texto en una lógica que se puede utilizar. Y cambia profundamente nuestra relación con el derecho. Un libro exige al lector que aprenda su arquitectura. Un sistema interactivo puede adaptar poco a poco el recorrido a la situación de quien lo consulta. El derecho empieza a salir de la simple linealidad de la página. Se vuelve navegable.

Creo que es uno de los acontecimientos intelectuales más importantes de aquel período. Pasábamos del documento al sistema. La ley seguía siendo, claro está, un texto. Pero el acceso a ella podía volverse condicional, relacional, contextualizado.

Decenios después, una inteligencia artificial puede dialogar en lenguaje natural a partir de un conjunto documental y producir una respuesta de síntesis. La potencia es incomparable. Y, sin embargo, reconozco la genealogía. Ya entonces procurábamos acortar la distancia entre la formulación espontánea del usuario y la arquitectura erudita del corpus.

Por eso insisto tanto en los tesauros. El tesauro es una forma primitiva pero extraordinariamente potente de mediación entre dos lenguajes. El del especialista y el del usuario.

Enseña que para que un sistema sea inteligente no basta con que posea más información. Debe comprender suficientemente las distintas maneras de nombrarla para que alguien pueda entrar en el conocimiento por otra puerta.

Ese trabajo nos enseñó también algo profundamente político acerca de la gratuidad y el precio de la información. Nunca fui ingenuo.

Construir infraestructuras como aquellas costaba muchísimo dinero. Había que pagar las máquinas, las telecomunicaciones, los juristas, los equipos de introducción de datos, los desarrolladores, las actualizaciones.

La información no se vuelve gratuita por ser digital. El coste cambia de lugar. Se desplaza en parte de la fabricación del soporte a la construcción y el mantenimiento de la arquitectura.

Es lo que muchos no comprendieron con Internet. Como copiar un archivo apenas cuesta nada, deducen que producir conocimiento estructurado tampoco debería costar nada. Es falso. Lo digital puede tener un coste marginal de reproducción minúsculo y un coste inicial de constitución gigantesco.

Esta ruptura alimentaría progresivamente la reflexión europea sobre la protección de las bases de datos y conduciría al derecho sui generis.

El dato no es necesariamente nuestro. Pero la inversión que transforma millones de datos dispersos en un sistema coherente tiene un valor jurídico y económico que debemos poder proteger.

De lo contrario, la paradoja resulta terrible. Quien invierte diez años en la arquitectura puede ser copiado en unas horas por quien se limita a recoger el resultado final. La reproducción digital apenas cuesta nada. Constituir la memoria, en cambio, puede costar millones.

Es una de las grandes rupturas que introduce lo digital. En el mundo industrial clásico, copiar una fábrica exige otra fábrica. En el mundo digital, reproducir el resultado puede ser casi instantáneo aunque construirlo haya requerido años de trabajo.

Toda la economía de los bancos de datos descansa sobre esa distinción. Más adelante será central en Artprice. Construir una memoria mundial de varios siglos del mercado del arte cuesta una fortuna y lleva decenios. Una vez estructurada la información, mostrar un resultado más en una pantalla no cuesta casi nada. Quienes confunden ambos costes no comprenden nuestra economía.

Por eso también los pleitos con las editoriales jurídicas fueron útiles, incluso cuando resultaban agotadores. Nos obligaban a explicar qué estábamos construyendo. No una copia. Ni un mero soporte nuevo. Una arquitectura documental nueva, con otra ergonomía, otra segmentación del público y otra manera de relacionar los textos.

Las resoluciones fueron distintas según las pretensiones y los fundamentos examinados. Sobre todo, nos obligaron a precisar jurídicamente la diferencia entre la información pública, el trabajo editorial protegido y la inversión documental.

Nada de ello me dejó odio hacia aquellos grupos. Sigo pensando hoy que podrían haber sido competidores temibles si hubieran asumido antes la transformación. Tenían enormes bazas. Lo que les reprochaba era que a veces hubieran preferido pedirle al derecho que frenara una transformación que tenían medios para acompañar. Pero también comprendo su temor.

Cuando un modelo económico lleva decenios funcionando, cualquier innovación que reduzca de golpe la escasez en la que se sustenta parece una amenaza existencial. Es humano. El problema empieza cuando se confunde la legítima defensa de los propios derechos con el derecho a conservar eternamente una arquitectura económica por la sola razón de que existió antes que las demás.

El derecho nunca debería servir para congelar el tiempo. Debe proteger y, a la vez, hacer posible la mutación. Esta concepción de una protección compatible con el cambio me acompañará hasta la Demeure du Chaos.

¿Cómo proteger una obra aceptando que se invente a medida que se hace? ¿Cómo proteger un patrimonio sin momificarlo? ¿Cómo proteger una base de datos sin privatizar los hechos que contiene?

Siempre la misma tensión. Preservar la identidad permitiendo la transformación. Tal vez ahí comprenda, retrospectivamente, por qué aquella época de Groupe Serveur fue tanto una escuela filosófica como una escuela empresarial.

Cada día nos enfrentábamos a preguntas que iban mucho más allá del software. ¿Qué es una información pública? ¿A quién pertenece? ¿Qué es el valor añadido? ¿En qué consiste la originalidad de una arquitectura? ¿Qué protección dar a una inversión sin cerrar el acceso al conocimiento? ¿Hasta dónde automatizar? ¿Qué responsabilidad debe conservarse cuando una máquina guía al usuario? ¿Cómo garantizar la fuente? ¿Cómo conservar el estado anterior?

Todas esas preguntas estructurarán después mi mirada sobre la inteligencia artificial. Cuando me encuentro con la IA en 2026, no soy alguien que acabe de descubrir el problema de los datos.

Llevo cuarenta años observando, desde el derecho y la economía, cómo se desplaza una misma línea de fractura. Cada tecnología incrementa la potencia de procesamiento. Cada aumento de potencia vuelve a plantear la misma pregunta: ¿quién controla la información y conforme a qué reglas?

La desmaterialización del derecho iba también a cambiar nuestra relación con el Estado. Podíamos demostrar ya que una arquitectura documental privada era capaz de recoger corpus dispersos, organizarlos y dar acceso a ellos, a veces con una ergonomía superior a la que ofrecía la propia institución que los producía. No significaba que el Estado debiera desaparecer. Significaba que debía evolucionar.

Tampoco en esto era ideológica mi posición. No quería un Estado más débil. Quería un Estado comprensible. Una autoridad pública que impone obligaciones sin ser capaz de explicar claramente la regla que hace cumplir genera desconfianza. Una autoridad pública que pone sus normas al alcance de todos hace más factibles el consentimiento informado y el control democrático.

Mucho más tarde, la legibilidad del poder se convertirá en una cuestión central del Estado algorítmico. Cuanto más puede una administración calcular, cruzar datos, predecir y automatizar, más importante es que el ciudadano pueda comprender las reglas e impugnar su aplicación. La mayor potencia de la máquina no vuelve menos necesaria la transparencia. La hace más necesaria.

Esa intuición ya está presente aquí. Por tanto, dar forma de datos a la República solo tenía sentido si la desmaterialización mejoraba la comprensión en lugar de producir un nuevo clero informático.

Siempre lo he temido. Sustituir al especialista del papel inaccesible por el especialista de la máquina inaccesible no supone progreso democrático alguno. La arquitectura tiene que ser lo bastante ergonómica para que el usuario recupere una parte de su autonomía. Ahí es donde la red empieza a adquirir otro significado.

Hasta aquí habíamos hablado principalmente de circulación: relacionar un camión con una carga, a un industrial con una competencia profesional, a un comprador con una venta, a un ciudadano con una norma. Pero a fuerza de construir esos sistemas empiezo a comprender que la red es más que una infraestructura técnica. Produce una organización social nueva.

Personas que no se conocen pueden cooperar. La información puede pasar por fuera de las jerarquías tradicionales. El valor de un nodo puede depender menos de su posición oficial que de lo que aporta al conjunto. La propia autoridad puede empezar a recomponerse en torno al conocimiento y a la capacidad de establecer vínculos.

Es entonces cuando una vieja intuición va adquiriendo nombre. Una palabra que había empezado a elaborar mucho antes de que se convirtiera en un proyecto estructurado: Netnobility. La nobleza de la red. No una aristocracia digital. Exactamente lo contrario.

La idea de que una nueva forma de legitimidad podía nacer de la contribución a la red antes que del rango heredado dentro de la pirámide. Después de desmaterializar el derecho, comprendíamos que estábamos cambiando algo más que los documentos. Empezábamos a cambiar el espacio donde los seres humanos entran en relación con el conocimiento y entre sí. A esa mutación la llamaré ahora Netnobility.