Una vez demostrado que en Francia era posible estructurar la información judicial, hacerla inteligible y difundirla a gran escala, se impuso casi mecánicamente otra pregunta:

¿Qué sucede cuando la empresa, el deudor, el acreedor, el comprador, el transportista, el jurista o el inversor cruzan la frontera mientras la información sigue encerrada en su territorio nacional?

Era el límite natural del Serveur Judiciaire.

Francia ya había sido para nosotros un laboratorio de inmensa complejidad. Tribunales de comercio, anuncios legales, publicaciones judiciales. Liquidaciones, subastas públicas, directivos, sociedades. Bancos de datos especializados, estructuras arborescentes y tesauros. Habíamos dedicado años a entender cómo dar coherencia a escala nacional a una información repartida entre varios centenares de fuentes.

Y, apenas empezaba a consolidarse aquella arquitectura, Europa nos obligaba a empezar de nuevo.

Pero esta vez cambiaba todo.

La lengua. El derecho. Las instituciones. Las nomenclaturas. Las formas societarias. Las prácticas judiciales. Las fuentes documentales. Hasta la manera de nombrar las cosas.

Fue entonces cuando comprendí que internacionalizar un banco de datos es algo radicalmente distinto de traducir su interfaz.

Probablemente sea uno de los errores más persistentes de la informática.

Se construye un sistema en un país y después se cree que bastará con sustituir las palabras francesas por sus equivalentes ingleses, alemanes, italianos o españoles. No funciona.

Porque un sistema jurídico no es un diccionario. Tiene una historia. Una arquitectura. Categorías que nunca se solapan a la perfección.

Un tribunal de comercio francés no tiene por qué contar con un equivalente exacto en el país vecino. Dos expresiones pueden parecer cercanas sin que los procedimientos concursales que designan sean idénticos. Una forma societaria puede tener una pariente jurídica en el extranjero sin ser verdaderamente equivalente a ella. Una prohibición, una liquidación, una publicación legal, la responsabilidad de un directivo o una modalidad de publicidad pueden obedecer a lógicas radicalmente distintas.

El problema se volvía mucho más interesante. Ya no bastaba con normalizar los datos. Había que normalizar sin borrar las diferencias.

La distinción recorrerá todo mi trabajo posterior: normalizar sin borrar las diferencias.

Una mala normalización aplasta la realidad para que encaje en las casillas de la máquina. Una buena normalización establece suficientes correspondencias para hacer posible la comparación y, al mismo tiempo, conserva lo que distingue a los objetos.

Es muy difícil.

Y ahí es donde el Serveur Judiciaire Européen se convierte para mí en una verdadera escuela intelectual. Ya habíamos aprendido a crear categorías. Ahora teníamos que aprender a crear equivalencias imperfectas.

El término me parece acertado. En muchos ámbitos, la realidad no ofrece correspondencias perfectas.

El trabajo del arquitecto documental consiste entonces en decir: esto se puede comparar. Esto no. Esto se puede relacionar en ciertas condiciones. Esta es la diferencia que hay que preservar a toda costa.

Los grandes sistemas de inteligencia artificial tropiezan hoy con la misma dificultad cuando trabajan con varias culturas o varios ordenamientos jurídicos.

La traducción léxica es relativamente fácil.

La traducción conceptual lo es mucho menos.

Lo descubríamos de manera muy concreta. Cada nuevo país nos obligaba a rehacer la autopsia de los datos.

¿Quién produce la información?

¿Qué institución?

¿Bajo qué autoridad?

¿Con qué valor jurídico?

¿En qué momento se hace público el dato?

¿Durante cuánto tiempo mantiene su pertinencia?

¿Qué identificador permite seguir el historial de una persona jurídica?

¿Cómo se organizan los registros?

¿Qué acontecimientos deben publicarse?

¿Cómo cambian las sociedades de forma jurídica?

¿Qué documentos son accesibles?

Las respuestas variaban. Y tras esas diferencias técnicas aparecía una realidad más profunda: cada Estado codifica su propia cultura en su Administración.

Me parece fascinante. Un registro mercantil es mucho más que un fichero. Revela una concepción de la transparencia económica.

Un procedimiento concursal revela una concepción de la relación entre deudor, acreedor, trabajador e interés general. La publicidad legal muestra qué considera una sociedad lo bastante importante como para ponerlo en conocimiento de terceros.

Al construir el Serveur Judiciaire Européen empezábamos, pues, sin proponérnoslo, a cartografiar las culturas administrativas de Europa. Y su diversidad era considerable.

Había que trabajar con las fuentes locales. Las lenguas. Los profesionales. Los corresponsales. Las instituciones.

Y después construir por encima una capa común. Ahí es donde Groupe Serveur cambia de escala de verdad. Ya no nos limitamos a construir bases francesas accesibles a distancia. Empezamos a concebir una infraestructura transfronteriza del conocimiento.

Y el cambio de escala llega precisamente cuando la Europa económica experimenta una profunda transformación. Avanza el mercado interior. Circulan más las empresas. Circulan los capitales. Las mercancías. Los directivos.

Por tanto, ya no se pueden examinar los procedimientos como si cada frontera contuviera por entero la vida de una sociedad.

Un empresario puede crear una estructura en un país, trabajar en otro y poseer activos en un tercero. Un acreedor francés puede necesitar entender qué le ocurre a una sociedad belga. Un industrial alemán puede interesarse por los activos de una empresa liquidada en Francia. Un banco debe conocer la situación de un grupo cuyas filiales se reparten entre varias jurisdicciones.

La información nacional se queda corta porque la realidad económica ya es europea.

Ese desfase me interesaba.

El mundo real había cambiado más deprisa que las arquitecturas documentales que permitían comprenderlo. Teníamos que acortar la distancia.

Pero con cada nuevo país se disparaba la magnitud del problema. Una fuente francesa ya tenía sus anomalías. Al relacionarla con otra italiana, belga, alemana o española, añadíamos más datos, pero también más clases de errores posibles.

Las fechas. Los acentos. Los caracteres. Las transliteraciones. Las distintas maneras de escribir un mismo nombre. Las direcciones. Las formas societarias. Las monedas. Después, los cambios de moneda. Las fusiones. Las sociedades dadas de baja. Las reapariciones. Las personas físicas con el mismo nombre. La informática adora la identidad. La realidad adora las excepciones.

Vivíamos en medio de ese conflicto. Y probablemente fue allí donde se afianzó en mí una convicción que ya no me abandonaría: la calidad de un banco de datos se mide menos por su capacidad de tratar el caso normal que por su capacidad de sobrevivir a las excepciones.

El caso normal es fácil.

Una sociedad tiene un nombre único, un domicilio estable, un directivo identificable y una historia sencilla. Muy bien. Y luego viene la realidad.

Una sociedad cambia de nombre. Se fusiona. Se escinde. Se traslada. Tiene varios establecimientos.

Un directivo utiliza variantes de su nombre. Una empresa extranjera abre una sucursal. Un procedimiento se inicia en un Estado y surte efectos en otro.

Es ahí donde el sistema revela si es verdaderamente inteligente en el sentido documental.

Construíamos, pues, reglas. Correspondencias. Controles. Historiales.

Y, sobre todo, aprendíamos a no borrar nunca demasiado pronto la información antigua.

Cuando una sociedad cambia de nombre, el anterior se vuelve falso si se presenta como actual. Pero sigue siendo históricamente verdadero. Borrarlo es destruir la continuidad.

Una buena base de datos debe saber conservar a la vez varios estados de verdad. Lo que es cierto hoy. Lo que era cierto ayer. Y la fecha precisa en que se pasó de un estado al otro. Parece evidente. Sin embargo, es una de las dificultades más hondas del conocimiento digital.

La verdad tiene una dimensión temporal.

Esta idea adquirirá una magnitud inmensa en Artprice. Una atribución puede cambiar. Una casa de subastas puede revisar la descripción de una obra. Un artista puede ser redescubierto. Cambia una moneda. Desaparece un país. Una ciudad cambia de soberanía. Si se sobrescribe la historia con el presente, se fabrica una base de datos aparentemente limpia, pero históricamente falsa.

El Serveur Judiciaire Européen ya nos enseñaba a resistir esa tentación.

El dato debía tener memoria.

Creo que también fue entonces cuando nuestra relación con el derecho europeo se hizo mucho más profunda. El derecho comunitario dejaba de ser una materia adicional que se incorporaba a una biblioteca francesa. Se convertía en una capa que daba coherencia al conjunto de los derechos nacionales. No imponía uniformidad.

Creaba una arquitectura de circulación.

Europa estaba construyendo ese espacio común en el terreno económico: hacer posible que Estados diferentes compartieran suficientes reglas para dar vida a un espacio común sin convertirse por ello en un solo Estado.

Aquella construcción me fascinaba. Se parecía muchísimo a nuestro problema informático.

¿Cómo relacionar sin disolver?

¿Cómo normalizar sin uniformar?

¿Cómo hacer posible la circulación sin perder la identidad de cada fuente?

Son preguntas europeas. Y son también preguntas que se plantean en una base de datos.

No creo que el paralelismo sea artificial. Las grandes construcciones políticas son también arquitecturas de información.

Un tratado crea categorías. Derechos. Obligaciones. Procedimientos. Identificadores. Normas.

Después, miles de administraciones y millones de empresas deben poder comprenderlos. La informática se convierte entonces casi en la infraestructura invisible del derecho. Trabajábamos justo en esa frontera.

Y ahí empiezan también las nuevas dificultades jurídicas en torno al propio banco de datos. Cuanto más invertíamos en recopilar, verificar, normalizar y actualizar, más acuciante se volvía una pregunta:

¿Qué protege todo ese trabajo?

Un dato público sigue siendo un dato público. Siempre he defendido ese principio.

No se puede privatizar una ley, una resolución pública o un hecho por el simple motivo de haberlo introducido en un ordenador. Pero entre el dato en bruto y el banco de datos hay una inversión considerable.

Buscar. Recopilar. Verificar. Indexar. Normalizar. Establecer relaciones. Actualizar. Eliminar duplicados. Mantener la infraestructura. Crear herramientas de consulta.

¿Cuenta esa arquitectura con una protección propia?

Íbamos a entrar de lleno en el debate.

Europa nos había obligado a formular el problema. La desmaterialización del derecho nos obligaría ahora a extraer todas sus consecuencias.

El Serveur Judiciaire Européen nos enseñó también otra cosa: la confianza debe viajar con el dato.

Al usuario francés, una información francesa que le resulta familiar puede parecerle naturalmente creíble porque conoce a la institución que la produce. Cuando viene de otro país, esa intuición desaparece.

¿Quién es la fuente?

¿Qué autoridad tiene?

¿Es oficial este documento?

¿De qué fecha es?

Por tanto, el dato que cruza fronteras exige más información sobre su procedencia.

Ya no bastaba con mostrar una información. Había que poder explicar de dónde venía. Empezábamos a construir una arquitectura de trazabilidad que iba más allá de la simple búsqueda documental.

Y también aquí vuelvo a encontrar Artprice. El resultado de una subasta sin indicación de su procedencia es casi inútil.

¿Qué casa?

¿Qué subasta?

¿Qué fecha?

¿Qué lote?

¿Qué moneda?

¿Qué atribución?

¿Qué fuente documental?

La confianza en el precio depende de la cadena que permite remontarse al acontecimiento. El Serveur Judiciaire Européen ya nos había enseñado esa exigencia en otro ámbito.

Una información adquiere su fuerza cuando podemos reconstruir su genealogía. Vuelvo siempre a esa palabra.

Genealogía.

Porque ya estábamos construyendo árboles. De personas. De sociedades. De procedimientos. De acontecimientos. De relaciones.

La estructura arborescente siempre fue más que una interfaz. Era una representación de la historia. Y a medida que cambiábamos de escala, más difícil se hacía mantener esa representación.

Precisamente ahí intervenía Nadège. A mí podía fascinarme Europa como espacio de información. Nadège volvía enseguida a las condiciones de funcionamiento.

¿Qué procesos son comunes? ¿Cuáles siguen siendo nacionales?

¿Quién valida un dato extranjero?

¿Cómo se documenta la excepción?

¿En qué lengua se conserva la fuente?

¿Qué se traduce?

¿Qué debe mantenerse en su versión original?

¿Qué versión da fe?

Son preguntas de enorme importancia. Una traducción puede hacer accesible un texto. Jamás debe borrar el documento de origen. Aprendimos a actuar con esa cautela.

La interfaz puede hablar francés. La prueba, en cambio, debe permitir remontarse al texto original.

La disciplina es casi jurídica antes que informática. Concuerda perfectamente con mi manera de pensar.

Conservar siempre el documento.

Hacer posible siempre la vuelta a la fuente.

La síntesis es útil. Jamás debe convertirse en una pantalla opaca entre el usuario y el documento en que se basa.

Hoy aplico la misma regla a este libro. Yo puedo contar. Isis puede estructurar. Pero cuando disponemos de un documento universitario, un archivo, un estudio o una publicación oficial, quiero poder volver a la fuente.

La memoria oral y la fuente documental no tienen el mismo estatuto. El Serveur Judiciaire Européen ya nos enseñaba a manejar esos diferentes niveles de verdad. El cambio de escala tenía además una consecuencia técnica.

Más países significan más usuarios. Más datos. Más actualizaciones. Más conexiones. Más puntos de fallo.

Teníamos, pues, que llevar mucho más lejos la industrialización de nuestra arquitectura.

Las copias de seguridad. La redundancia. Las líneas. Los tiempos de respuesta. La vigilancia. La organización de los equipos.

Ya no podíamos funcionar como un laboratorio brillante que resuelve los problemas a medida que aparecen. El sistema debía empezar a anticipar sus propios fallos.

Es uno de los momentos en los que Groupe Serveur se convierte de verdad en una empresa de infraestructura. Y me gusta esa palabra.

Infraestructura.

Porque la infraestructura tiene éxito precisamente cuando deja de verse. El usuario no quiere saber cómo se llama la máquina. Quiere su respuesta. No quiere saber que se ha caído una línea. Quiere que el servicio continúe. No quiere conocer la política de copias de seguridad. Quiere volver a encontrar mañana la información que consultó hoy.

La sofisticación debe volverse invisible. Es una forma de madurez industrial.

Habíamos empezado con máquinas que se contemplaban casi como objetos extraordinarios. Llegábamos a un punto en que el verdadero progreso consistía en hacer que el servicio hiciera olvidar la máquina. Esa evolución acompañaría después a Internet.

Y luego a Artprice. Luego a la nube. Luego a la inteligencia artificial.

En cada etapa, el usuario ve menos la infraestructura. Y, paradójicamente, comprende menos qué hace posible el servicio.

Quiero contar esos quince años porque revelan la materia oculta detrás de lo que más tarde se llamará «lo digital».

Personas. Noches. Clasificaciones. Líneas. Discos. Máquinas. Leyes. Procedimientos. Errores. Correcciones.

Ese saber acumulado nos permitirá después pasar a otro universo sin cambiar de método. Porque empiezo a comprender también algo más amplio.

El derecho. Los anuncios legales. Las ventas. Las empresas.

Todos esos ámbitos producen enormes cantidades de datos, pero son datos con una estructura relativamente definida.

El mercado del arte iba a plantear una dificultad todavía mayor. El nombre de un artista puede escribirse de varias maneras. En varios alfabetos. Con seudónimos. Hay obras sin título.

Atribuciones cambiantes. Dimensiones expresadas con distintos sistemas de medida. Monedas históricas. Casas de subastas desaparecidas. Catálogos de hace siglos.

Si no hubiéramos sido capaces de normalizar los datos de la Europa judicial, jamás habríamos podido construir Artprice.

Por eso el Serveur Judiciaire Européen es una etapa indispensable. Nos enseñó a pensar a escala internacional antes de pensar a escala mundial. Nos enseñó que cambiar de escala va más allá de añadir datos.

Significa aumentar la diversidad de las realidades que la arquitectura debe poder albergar sin deformarlas.

Es una lección inmensa. Vale también para la inteligencia artificial contemporánea.

Cuanto más aspira un sistema a ser mundial, más capaz debe ser de reconocer que el mundo no tiene una taxonomía única. Una lengua no es una traducción imperfecta del inglés. Un derecho nacional no es una versión local de un derecho universal. Una cultura no es una anomalía que un modelo deba normalizar.

A veces la inteligencia verdadera consiste, precisamente, en preservar la diferencia. Lo habíamos aprendido en Europa. Y esa Europa de los datos nos conduciría de forma natural al problema siguiente. Porque, a fuerza de recopilar, estructurar, normalizar y difundir el derecho, una evidencia se volvía ineludible.

Estábamos transformando el propio texto. No su contenido jurídico, sino su condición informativa. Una ley impresa se convierte en un dato. Un convenio colectivo, en una arquitectura consultable. Una publicación administrativa puede interrogarse. Una resolución judicial puede relacionarse con otras.

El derecho deja de ser solo una biblioteca. Se convierte en un sistema. Y cuando el derecho se convierte en sistema, hay que responder a una pregunta:

¿Qué le ocurre al derecho cuando se desmaterializa?